POLÍTICA Jueves 05 de Septiembre de 2019 - 20:30:00

Usurpación de terrenos en Garupá: del reclamo de los propietarios a la sospecha de complicidad política





La metodología de intrusión se repite, la actuación judicial y policial también, los nombres de funcionarios son similares y la lucha por la tierra en Misiones continúa.

La historia desde hace varios años se repite en distintos puntos de Misiones. Un grupo de personas llega a un lote, supuestamente fiscal, y comienza a construir su sueño de la vivienda y el terreno propio. Pero a veces los sueños, se convierten en pesadilla y es cuando se inician los conflictos. Muchos de estos espacios no son tierras fiscales precisamente, si no terrenos con propietarios, que también realizaron sus esfuerzos por obtener dicho lugar.

Hay un municipio en particular que es de recurrente mención en las crónicas periodistas referidas a conflictos de tierras. Garupá, ciudad en crecimiento demográfico constante, se convirtió en un espacio de disputa permanente. Así como se repite la metodología, también son similares los nombres de funcionarios políticos mencionados alrededor de este tipo hechos. Uno de ellos, es la del legislador provincial, Martín Sereno, quien ya ha tenido que desmentir en otras oportunidades su vinculación con situaciones de intrusión. Por ejemplo, en febrero del corriente año fue acusado por el secretario de Gobierno de Garupá, Daniel Peralta instigarlos.

Historia de una usurpación: el reclamo de los propietarios
José Luis Bertoli junto con su esposa son apoderados de la propietaria de los terrenos usurpados actualmente en el barrio Nuevo Garupá, calle Santo Pipo y San Vicente, de dicha localidad. Desde abril del año pasado vienen en una lucha judicial permanente con las familias apostadas en el lugar, que comenzaron siendo alrededor de ocho y hoy, según el testimonio de los vecinos publicado días atrás en este medio, son al menos 80 las familias instaladas.

El hombre concurrió durante los primeros días del abril de 2018 con efectivos policiales de la Comisaría Quinta para constatar la intrusión efectiva del lote N°1 Manzana 36 parcela 1 y del lote N°1 Manzana 19, donde había personas ajenas a la propiedad “limpiando el terreno”. Actualmente la extensión de tierra intrusada se amplió a otros lotes. “No se retiraron del lugar aduciendo que eran supuesto terrenos fiscales, que no tenían a donde ir e inclusive manifestaron estas personas que había sido asesoradas por una funcionaria de la Municipalidad de Garupá”, contó el entrevistado y agregó “alguno hizo mención ‘el intendente nos dijo que podíamos venir”.

El 10 de abril, el Juzgado de Instrucción N° 1, a cargo de juez Marcelo Cardozo ordenó el primer desalojo del inmueble en cuestión. El cual se llevaría a cabo el 26 de abril tras cumplimentarse los protocolos correspondientes de notificación.

Pero “esto no sucedió porque después de muchas horas y ante la presencia de mucha gente de agrupaciones sociales y piqueteros acompañados por el Diputado Sereno y un abogado del Ministerio de Derechos Humanos, que incitaban a la resistencia de permanecer allí y que no lleve a cabo el desalojo”, consta en uno de los documentos judiciales presentados por Bertoli. Se trata del Acta N° 361 de la Secretaría General de Acceso a la Justicia, Derechos Humanos y Violencia Familiar- Procuración General.

Bertoli relató que “en ese momento, aparecieron los de siempre, personas interesadas que organizan, apañan, defiende y son cómplices de todos estos casos de usurpación en toda la provincia” y mencionó “a gente del Ministerio de Derechos Humanos y el mismo diputado Sereno. Se pusieron a discutir con otros grupos llevados por ellos, a parte de los intrusos, amenazaron con palos y piedras”, “la policía nos dijo que había bombas molotov preparadas para resistir. Lamentablemente, el juez da marcha la media por la situación, sobre todo, por la intromisión de la parte política que no tenía nada que ver en esto”.

Los reclamos del administrador del terreno continuaron luego de una dilación del proceso judicial con presentaciones al Ministerio de Gobierno, Marcelo Pérez, y hasta incluso llegó a la Cámara de Apelaciones que instó al magistrado entendido en la causa que avance con la medida ordenada. Casi un año después se dictaminó una nueva orden que debía cumplimentarse a fines de agosto. Sin embargo, esto tampoco ocurrió.

Los vecinos del lugar aducen contar con el certificado correspondiente de la Ley nacional 27453, del Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (Renabap) por lo cual no deberían ser desalojados, “ellos no lo dicen, pero en la ley dice tajantemente que van a tener en cuenta relocalizar o titularizar, pero a todos aquellos que, al 31 de diciembre del año 2016, hubieran estado y sido censado en esos lugares. Esta gente intruso el día 3 de abril del año 2018, o sea no le corresponde. Se trata de un delito de usurpación de una propiedad privada”, indicó el entrevistado.

“La parte política, entre gallos y medianoche, han decretado una serie de medidas en donde se amparan en leyes que fomenta, defienden y tutelan esos delitos, es una cosa de locos, en un país republicano, donde existe el derecho constitucional a la propiedad”, afirmó Bertoli y agregó en diálogo con Agenciahoy/LT4, “todavía hoy no podemos saber cuándo se resolverá una cuestión decretada hace más de un año”.


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